Zancadilla política

Resulta imposible no opinar sobre lo ocurrido en Paraguay el 21 y 22 de junio del 2012 con el Juicio Político al ahora expresidente Fernando Lugo.

En mi mente trato de analizar si Lugo se merecía la destitución del cargo o no, escuchando opiniones, leyendo columnas, siempre de ambas campanas, como se dice. Pero lo que me interesa es urgar un poco más allá de lo que verdaderamente ocurrió.


Primeramente debemos saber que la Constitución Nacional del Paraguay sí contempla el Juicio Político para el ejecutivo u otros funcionarios públicos (art. 225 CN). También está claro que esa atribución de juzgar es una potestad del congreso, exclusivamente de la Cámara de Senadores, a pedido de la cámara acusadora, los Diputados.

Cabe aclarar también que, según los constitucionalistas, en el Juicio Político no se lleva a cabo un proceso similar a los que se utilizan en los juicios ordinarios llevados a cabo en el Poder Judicial.

Quizás a muchos les parecerá que en verdad existen muchos argumentos por los que Lugo pudiera haber sido destituído, pero la acusación que la Cámara de Diputados presentó no eran contundentes y, por sobre todo, eran perfectamente defendibles racionalmente.

Nada más cabe hacer un poco de memoria, sin irnos muy lejos, sobre la muerte de compatriotas tan hablada en la acusación. Remitámonos al gobierno anterior y tenemos que hubo 400 muertos en un solo suceso, un incendio de supermercado. Y el intendente de la ciudad de Asunción no fue destituído y mucho menos el presidente de ese entonces. También ocurrieron asaltos a precarias dependencias policiales del interior del país, quemando las comisarías y matando policías. Pero no fue enjuiciado nadie. Ocurrió el secuestro de Cecilia Cubas y su atroz e indignante descenlace. Y nada de incidencia política. Asi que, de buenas a primeras, descartemos el pobre y vergonzoso libelo de acusación.

Para que sucediera este bochornoso acto legal, pero no legítimo, porque en la filosofía del derecho existe el derecho injusto, uno de los principales culpables es el mismo Fernando Lugo. Se encargó de dar la espalda y hacer oídos sordos a las recomendaciones políticas de su principal aliado en el gobierno y principal benefactor de votos que lo ayudó a subir como presidente en las elecciones del 2008.

Es decir, Lugo solo escuchaba una sola voz, la de sus asesores de izquierda, olvidando que en la política uno tiene que escuchar a todos los sectores, especialmente si éste es tu aliado en el congreso. Pero no. Hizo caso a sus asesores que equivocadamente, y por inexperiencia en politiquería, no supieron saber mantener el balance de esta peculiar forma de hacer política en el Paraguay. Y esto es lo triste de la historia.

Siguiendo el silogismo de lo ocurrido, llegamos a concluir que un presidente electo democráticamente es sacado del poder por una herramienta legal del congreso para destituir, teoricamente, por mal desempeño en sus funciones. Cuestión que no se probó.

La Cámara de Diputados quedó con una penosa imagen en la exposición de la acusación y bochornoso alegato presentado a gritos, al más burdo estilo hurrero, por alguien con un comportamiento impulsivo y bordeando lo ridículo.

La defensa técnica mereció más tiempo, para que no se ponga en duda la legítima defensa en un proceso, sin estar entrando en comparaciones con los juicios jurisdiccionales. Y este fue otro de los puntos que condenó al congreso.

Si bien la acusación no era meritoria de un juicio Político, el corto plazo para reunir pruebas y defenderse hizo que la imagen del país, a nivel parlamentario, quedara por el suelo.

Al final se va esclareciendo la cuestión de que, en primer lugar, no hubo una violación a la Constitución en cuanto al juicio como herramienta del congreso. Pero si hay dudas sobre lo que pudiera haber pasado en caso de que la defensa de Lugo hubiese demostrado que la acusación no tenía fundamentos por mal desempeño en sus funciones.

 Lo que queda a la vista es que fue una jugarreta política de la más sucia. Una demostración atroz de máximo poder que la carta magna otorga al congreso. Una fundamentación para empezar a decir que el gobierno en el Paraguay es parlamentarista. Y esto es legal, aquí.

Lugo no quiso escuchar a su principal aliado y éste le pasó la factura. Quiso hacer lo que él decidiera, a quien quita y a quien pone en su cartera ministerial, porque esa potestad es del presidente según la Constitución.

 Pero estamos en Paraguay y las leyes están alineadas para que sucedan este tipo de cosas. El ejecutivo desoyó a su aliado, este le puso zancadilla. Y cayó.

Lo peligroso de esto es que si alguien vuelve a subir como presidente, y este alguien no tiene una mayoría parlamentaria, o bien, simplemente no es del agrado del congreso en su mayoría, puede volver a ocurrir, no importa si es culpable o no de algo, simplemente lo sacan. Y eso es lo que vieron los de afuera.